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Mañana, 6 de diciembre, conmemoramos el Día de la Constitución. Todos los centros administrativos y educativos se llenan de actividades para celebrar dicho evento, pero a día de hoy, nuestra Constitución está quedando ya muy descafeinada, mancillada y domada ( «derecho al trabajo», «derecho a una vivienda digna«, «derecho a…»). A pocos meses para celebrar los 200 años de nuestra primera Constitución de 1812 ( ¡Viva la Pepa! ), muchas voces reclaman una reforma de la misma, un referéndum para actualizarla y adaptarla al siglo XXI, pero de ninguna manera una «reforma express» como acaban de colarnos los políticos a toda la ciudadanía. Ya publicamos antes en este mismo blog ( 26 de agosto de 2011 ) una carta de José Luis Sampedro, dirigida al presidente Rodríguez Zapatero, en contra de esta reforma express de la Constitución… y además hoy leo que Rajoy estaría pensando en crear un «banco malo» entre las primeras propuestas cuando tome posesión, con lo que esta reforma constitucional estaría avalando esta práctica.
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Hoy traemos un testimonio de otro signo ideológico, el de la periodista Natalia Pastor quien reconocía que » Europa – o sea, Alemania y Francia -, dan una nueva vuelta de tuerca a la dramática situación que vive nuestro país y fuerza a Zapatero a reformar la Constitución para fijar en ella la obligatoriedad de garantizar la estabilidad presupuestaria. Rajoy propuso esa reforma hace un año y entonces el PSOE se opuso e incluso Rubalcaba trató de ridiculizarla con mofas y chanzas.
Hoy toca tragar y decir «digo donde se dijo Diego».
No hay salida. Al igual que en 2010, cuando se obligó al Gobierno de Zapatero a actuar al dictado de Bruselas. Entonces se metió la tijera en las nóminas de los empleados públicos y en las pensiones, provocando el mayor recorte de derechos sociales de la historia de nuestra democracia. Zapatero se negó ayer por dos veces a responder a Rajoy si había recibido una carta del presidente del BCE exigiéndole nuevas reformas y poniéndole negro sobre blanco, sobre lo que debía hacer. Calló como una meretriz ante lo que suponía desvelar la pérdida de soberania de España gracias a la extrema debilidad a la que hemos llegado por causa de la nefasta gestión de un Ejecutivo desbordado y claramente incapacitado para dar garantías a los acreedores y a los mercados.
Es la prueba del 9 de que estamos ante un rescate encubierto bajo un trampantojo de control a distancia. Ayer, las redes sociales se incendiaron gracias al movimiento perrofláutico que bajo el tt #yoquierovotar, reclamaban un referéndum para aprobar la modificación de la Carta Magna. Esta reforma es una de las que no requiere ser votada por los ciudadanos. Es lo que tiene la LOGSE ; que garantiza el ridículo a un 99,9% cada vez que el sujeto abre la boca.
El procedimiento que se va a seguir, regulado en el artículo 167 de la Carta Magna, es el más simple, el que sólo exige que «los proyectos de reforma constitucional» sean aprobados «por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras».
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Esta medida entrará en vigor en 2018, pero las urgencias vienen marcadas por la inestabilidad de los mercados y por el hecho de que el plan de los eurobonos, con el cual Alemania no está nada convencida, ha obligado a que ciertos paises miembros de la zona euro tengan reflejado en el texto constitucional la obligatoriedad de garantizar la estabilidad presupuestaria. ¡Podrá ser legal, pero no es legítimo!.
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Como dice RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia: «El poder constituyente constituido, aunque cumple su papel en el campo de la legalidad, no lo hace en el de la legitimidad. Cualquier modificación de la Constitución por parte de un órgano que no es el poder constituyente, aunque sea legal -también autoritarismos y fascismos se han fundamentado en la legalidad- no es otra cosa que la apropiación de la soberanía popular por un órgano ajeno al pueblo; es decir, el fin del constitucionalismo democrático. El inicio de otra cosa, diferente, pero que niega en esencia que la Constitución es la voluntad del pueblo. Es decir, niega las bases de nuestras democracias constitucionales.
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¿Quién puede, pues, legítimamente reformar una Constitución democrática? Si la Constitución no es otra cosa que la voluntad del poder constituyente, la respuesta a esta pregunta, desde el constitucionalismo democrático, no puede ser otra: sólo el pueblo puede modificar legítimamente su Constitución. Lo contrario es negar la naturaleza de la legitimidad del sistema democrático en el que creemos vivir. Si la Constitución queda en manos de otras personas -gobiernos, mayorías en los parlamentos, reyes.-podremos hablar de otra legitimidad del poder político, de democracias más o menos limitadas, de decisiones mayor o menormente acordadas. pero nunca de constitucionalismo democrático» ( véase
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Por todo esto, me siento traicionado, postergado, olvidado, engañado, ninguneado, desatendido, por las decisiones de todos estos políticos que no se han atrevido a plantarle cara a «los mercados», al capitalismo especulativo, a los dueños del «orden mundial», y por eso la conmemoración del día de la Constitución Española de 1978 ya no me dice nada, ya no me motiva su celebración y la realización de actividades en nuestro Centro para venderles a nuestro alumnado las supuestas bondades ( ¡ y maldades! ) de la misma. ¡Yo me bajo en la próxima! … ¿y usted?
AULA 31 